El impuesto a la baja confianza

Cristián Saieh

Los titulares de prensa son alarmantes: la acusación contra la ministra Cubillos; el ataque al sistema previsional; la percepción de aumento de corrupción; los escándalos de abuso sexual, sólo por nombrar algunos. Nos consume una vorágine de conflictos mal resueltos y controversias de relevancia en desarrollo, que ponen en jaque a muchos de nuestros sistemas sociales, controversias que tienen un denominador común: la desconfianza en nuestras instituciones, que se acrecienta día a día, sin que podamos frenarla.

Según una encuesta de enero de este año de la Facultad de Gobierno de la UDD, en nota de 1 a 7, entre 2008 y 2019, la confianza en las instituciones ha disminuido en forma dramática: en el Poder Judicial, de un 3,3 a 2,8; en las Fuerzas Armadas, de 4,7 a 3,0 y en el sector privado de 4,1 a 2,9. Todos reprobados con honores. Pero el dato más grave de esa encuesta se refiere a la siguiente pregunta: ¿Cree usted que existe una crisis de las instituciones en Chile? El 81% de los encuestados señala que sí.

La confianza es la disposición que una persona tiene a depender, para satisfacer sus intereses, de las acciones y decisiones de otra persona o institución en una situación en la que no es posible evitar el riesgo, porque -como dice Niklas Luhmann- la confianza es una apuesta al futuro que se basa en el pasado. El futuro es desconocido y se requiere realizar actividades en el presente, sin poder contar con la certeza de su éxito. Por otra parte, y dado que no es posible comunicar la sinceridad, sino que es necesario demostrarla en el tiempo, si se desea crear capital social y generar un ambiente de confianza, es indispensable demostrar autenticidad y coherencia, especialmente en momentos que se han presentado graves problemas éticos en el funcionamiento de las organizaciones en nuestro país.

Un país en que la desconfianza en los individuos y organizaciones se acrecienta, en términos del profesor Stephen M.R. Covey (autor del libro, “The Speed of Trust”), paga un impuesto oculto, el “impuesto a la baja confianza”. ¿En qué consiste? La confianza tiene dos resultados medibles: la eficiencia y los costos. Cuando la confianza es baja se afectan las relaciones, la calidad del trabajo en equipo, la retención del capital humano, la productividad y, por ende, la eficiencia disminuye y los costos aumentan. Es el precio que paga Chile hoy por no generar acuerdos transversales.

La responsabilidad recae en el Ejecutivo, en el Congreso y en las organizaciones que lideran el país. Los ciudadanos de a pie, que se levantan temprano a trabajar todos los días, que quieren ver reflejados su esfuerzo en mayor prosperidad y mejoras en bienes y servicios, que luchan por optimizar sus pensiones y salud y un mejor futuro para sus hijos, merecen una respuesta urgente. Si realmente nuestras autoridades y representantes quieren un país desarrollado, y apoyar esas aspiraciones, deben negociar los grandes asuntos que los ciudadanos demandan, con disposición de futuro y no pensando en dos años más.